Burladero
La investigación les atribuye, además de los daños causados en la tumba del matador salmantino en septiembre de 2008 en la localidad de Ahigal de los Aceiteros (Salamanca), la incursión con violencia en granjas de visones ubicadas en varias comunidades autónomas a las que han ocasionado daños por encima de los dos millones de euros, entre ellos la suelta de 16.150 visones en tres granjas de Coruña.
Una noche de septiembre de 2008, un grupo asaltó la tumba del torero Julio Robles, en Ahigal de los Aceiteros (Salamanca). Según la investigación, pretendían llevarse el cadáver del torero y no devolverlo hasta que cesaran las corridas de toros. Como no consiguieron abrir la tumba, rociaron pintura roja por la tumba y se llevaron un busto del diestro.
A Candela Robles, hermana del matador y en declaraciones a El País, aún se le quiebra la voz al recordar esos días: "Siempre pensamos que eran antitaurinos que están jorobando. Quien no quiera ir a los toros que no vaya y quien no quiera ir al fútbol que no vaya, pero lo que hicieron fue la mayor bajeza. Nos dolió mucho y lo pasamos muy mal". Aún recuerda lo que le costó limpiar la pintura roja y ahora planea hablar con su abogado para personarse en la causa y ver si al menos recupera el busto original del torero. Tiene pocas esperanzas.
En los doce registros domiciliarios que se han practicado se ha intervenido documentación relacionada con el Movimiento Antisistema, material utilizado en las acciones delictivas (planos y fotos con ubicación de explotaciones, transmisiones, microcámaras, plantillas para elaborar anónimos, focos, pasamontañas, grabaciones de sabotajes...), así como abundante soporte informático pendiente de analizar.
El grupo desmantelado, que actúa en España bajo las siglas FLA, sigue las pautas de su referente internacional, el ALF, que cuenta con una dilatada trayectoria de actividad radical y delictiva en países europeos y sobre todo en Estados Unidos.
En este último caso, las Autoridades estadounidenses conceptúan el fenómeno del ecologismo radical como "ecoterrorismo" por la gravedad de los delitos cometidos, ya que en algunas de las acciones que llevan a cabo los miembros de este movimiento llegan a utilizar artefactos explosivos e incendiarios.
Algunos de estos delitos los cometen mediante amenazas y daños personales contra empresarios y trabajadores de laboratorios farmacéuticos, así como coacciones y extorsión a éstos mediante la difusión de falsos rumores sobre supuesta adulteración de medicamentos.
Se trata de la primera operación desarrollada en España en este ámbito, que se enmarca entre las impulsadas por el grupo ARE (Animal Rights Extremism) de la agencia Europol.
